María Álvarez es una trabajadora sanitaria de primera línea en Buenos Aires y fundadora del Partido Socialismo y Libertad, un afiliado del Comité la Reagrupación Internacional Revolucionaria (CRIR).
El 20 de marzo el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena para evitar el colapso sanitario por la propagación del coronavirus.
Transitaba entonces su tercer mes de mandato tras obtener el 48% de los votos en las presidenciales y su popularidad comenzaba a debilitarse por la continuidad del plan de ajuste. Sin embargo, con la declaración del “aislamiento social obligatorio” revirtió su imagen y elevó a más del 80% su popularidad. Producto del pánico y el clima de guerra fomentado desde los medios de comunicación globales, el llamado a la unidad nacional para enfrentar “al enemigo invisible” bajo el liderazgo del presidente y los gobernadores oficialistas y opositores tuvo un amplio consenso social. Por ello fue posible el despliegue inusitado de las fuerzas armadas para controlar las calles y los barrios cuando se conmemoraba 43 años del último golpe militar genocida.
En esta primera etapa de cuarentena, más de 60 mil ciudadanos fueron detenidos o demorados. Los abusos policiales contra jóvenes de barrios humildes se multiplicaron, protestas de trabajadores contra los despidos fueron reprimidas por orden judicial, los feminicidios aumentaron dramáticamente y una mujer arrestada por transitar en procura de sustento, murió ahorcada en la celda de una comisaria.
El agravamiento de la recesión mundial por la pandemia empeoró la crisis económica que ya sufría el país, convirtiéndola en la peor de nuestra historia.
A pesar de la represión y el control social, sin pan ni trabajo, sin paga o con salarios reducidos a la mitad; para los asalariados y las masas que conforman más del 40% de la población sumergida en la pobreza, el “quédate en casa” no podía perdurar mucho tiempo.
A los 15 días de declarada la cuarentena, millones de jubilados y beneficiarios de la ayuda social, rompieron el distanciamiento social aglomerados en las puertas de los bancos habilitados para pagar sus sueldos miserables. La exposición al contagio de los más vulnerables al permitir que los banqueros mantuvieran unos pocos centros de pagos para ahorrar costos, dio inicio a una segunda etapa de la cuarentena marcada por la incipiente resistencia a los ataques patronales y la lucha contra la pandemia.
Al cumplirse el mes de encierro forzado, la falta de elementos de protección para el personal de la salud detonó protestas en todo el país. Las 150 muertes por coronavirus y 374 trabajadores de la salud infectados-reconocidos oficialmente al momento de escribir este artículo- evidencian el colapso de la salud pública sin haber alcanzado el pico máximo de enfermos internados.
Las medidas de fuerza y huelgas alcanzan a otros sectores como los precarizados de las aplicaciones de delibery, transportistas de varias empresas; del sindicato de la carne que pararon 24 horas en repudio a la represión de trabajadores despedidos. Lo cierto es que la cuarentena es aprovechada para despedir, suspender y rebajar los salarios masivamente, amedrentar y atacar las libertades democráticas y militarizar las barriadas pobres donde, ya sea por hacinamiento o la falta de ingresos para paliar el hambre, los pobladores rompen el encierro.
Estas luchas y el aumento sin precedentes de la pobreza, empiezan a debelar lo que se oculta con el estado de excepción por pandemia: las consecuencias de la crisis provocada por los mismos monopolios que reclaman ser rescatados por el Estado.
Fernández decretó la supresión de impuestos y obligaciones tributarias a las patronales, echó mano a los fondos del sistema jubilatorio para pagar el 50% del salario de los trabajadores de empresas privadas, y mientras otorga una ayuda equivalente a 100 dólares a 7 millones de nuevos pobres, negocia con el FMI la extensión de plazos para pagar la deuda externa y con el Parlamento un impuesto a las grandes fortunas, por única vez. Se trata de medidas similares a las que aplican los gobiernos en todo el mundo para salvar la economía de las corporaciones empresarias, no la de los trabajadores y los pueblos.
Los socialistas afirmamos que no hay salida al colapso de la economía capitalista mientras gobiernen los representantes de un puñado de multimillonarios, ni otra respuesta al ataque descomunal a la clase trabajadora, que expropiar sin pago y poner la producción de bienes y servicios de las grandes empresas bajo el control obrero y en beneficio de la comunidad. Sin ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa no habrá salud, salarios, jubilaciones ni educación dignas. Solamente un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo podrá imponer estas y otras medidas en interés de las grandes mayorías. Un porvenir con plena igualdad social y económica, de libertad y verdadera democracia para la humanidad, depende de la lucha por derrocar a los capitalistas y la conquista de gobiernos obreros y populares que transformen la toda la sociedad e inicien la construcción del socialismo en el mundo entero.
Se puede ponerse en contacto con la autora o CRIR a cririnter@gmail.com
