El clamor comenzó en junio. Un trabajador de los transbordadores apoyado por su sindicato, el Inland Boatmen’s Union, dio aviso acerca de agentes de inmigración que trataron de reclutar a trabajadores para que espiaran a los pasajeros del estado de Washington.
Dos meses después, la Patrulla Fronteriza, auxiliada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), puso retenes en la Península Olímpica. La península es una vasta área rural que ocupa el rincón noroeste de Washington. Los agentes detenían a todos los coches en tres sitios diferentes de la carretera 101.
Entonces, los funcionarios detuvieron a Édgar Ayala de 19 años, inmigrante indocumentado que había estado viviendo en esa área desde niño, y pronto lo deportaron a México. Ayala se acababa de graduar con honores de la escuela preparatoria Forks High School, donde era una estrella de la lucha libre.
Sus compañeros organizaron una protesta en Forks, una población de 3,200 cerca de la costa, con la ayuda de la miembro de la tribu Hoh, Tonya Ward, y de la maestra inmigrante iraní Layla Iranshad. Noventa personas participaron en la manifestación. Los letreros de los piquetes consignaban, “Édgar perdió su oportunidad”, “Federales fuera de Forks”, y “La gente que trabaja duro no es terrorista”.
Mientras tanto, residentes de la zona este de la península también estaban furiosos por las violaciones a sus libertades civiles. Además de los retenes, los agentes del ICE les exigían sus papeles a trabajadores de restaurantes mexicanos, chinos e hindúes en Port Angeles, la población más grande de esa área.
La comunidad se una a la protesta. Las Mujeres Radicales de Port Angeles, de quien es representante la escritora de este texto, organizaron una reunión en la biblioteca local, a la cual asistió gente de toda la península y de otros lugares más retirados. Fundaron el Comité para Eliminar los Retenes, con base en cuatro principios: defender las libertades civiles; rechazar el perfilamiento racial, las redadas y las detenciones; defender a los trabajadores inmigrantes y a sus familias; y oponerse al estado policíaco en la Península Olímpica.
En un período de dos semanas, el comité inició su campaña con una manifestación y marcha de casi 200 personas el 20 de septiembre. La coordinación de la protesta hizo que se unieran, por primera vez, residentes de varias de las poblaciones de la península y dos de sus tribus. Entre otros estaban jubilados, maestros, familias jóvenes, trabajadores de restaurantes, ancianos tribales y estudiantes. Algunos nunca habían marchado y otros eran activistas expertos en ciertos grupos como el Partido Verde, el Partido Socialista y el Partido Demócrata.
No hay duda de que a los participantes de la manifestación los unía la meta de cerrar los retenes y celebraron ruidosamente a aquéllos que hablaron por el micrófono abierto. El apoyo mutuo de los manifestantes y las bocinas de los conductores al pasar, le dio fuerza a todo el mundo. Esto fue una muestra de que la gente trabajadora de distintas organizaciones políticas, pueblos y antecedentes se pueden unir y se pueden hacer escuchar.
La amplia cobertura de los medios suscitó una avalancha de correos electrónicos y llamadas de personas que pedían que los agregaran a la lista de correo electrónico del comité a la vez que proponían ideas para actos futuros. También las cartas al editor llegaron en grandes cantidades. Un trabajador de hotel jubilado escribió, “Estos retenes son una amenaza para nuestras libertades individuales y no son parte de los EEUU que yo amo”. Se pusieron clips de noticias en el Internet y los blogs estaban atestados de comentarios en línea inclusive un mes después de la manifestación.
Posteriormente, el comité protestó afuera de un foro de candidatos e interrogó al representante Norm Dicks, que es parte del comité en el Congreso de la Seguridad Nacional. Un miembro de la audiencia le dijo que los retenes están “causando temor y destruyendo a las familias”. Otro lo llamó “el principio de un estado policíaco”. Como respuesta a la presión pública, Dicks le dijo a la Patrulla Fronteriza que “no fuera tan ruda con la gente”. Y, por lo menos hasta ahora, los conductores han informado que ha habido menos incidentes de revisiones en la carretera.
En otras áreas rurales de la frontera norteña se están implementando retenes similares. En Hartford, Vermont, la comunidad fue capaz de impedir la construcción de un retén permanente a unas 90 millas de Canadá. La Patrulla Fronteriza afirma que su autoridad se extiende hasta 100 millas dentro del país. Dicha área incluye dos terceras partes de la población de EEUU. ¡Con razón, el ACLU lo llama una “Zona Libre de Constitución”!
Ahora este asunto es definitivamente propiedad del público de la península. La Patrulla Fronteriza tuvo que organizar conferencias para tratar de justificar sus actividades. Los periódicos locales están haciendo reportajes investigativos y publicando artículos sobre los efectos negativos de los retenes.
El alcalde de Port Townsend organizó una reunión, en una sala repleta en la cual una multitud de 350 personas acribilló a preguntas a la Patrulla Fronteriza, al jefe de la policía municipal, al alguacil del condado, y a ACLU acerca de la constitucionalidad de dichos retener interiores “fronterizos”.
El Comité para Eliminar los Retenes patrocinó un foro público llamado, “Conoce tus derechos — antes de que te detengan”, en el cual voceros del ACLU explicaron las leyes pertinentes y los retos legales contra los retenes.
Si te cuestiona el ICE o la Patrulla Fronteriza dentro del país, puedes rehusarte a cooperar. No tienes que responder a ninguna pregunta sin un abogado. Entre más difícil logremos que sea que los agentes del gobierno puedan violar la constitución, más rápido nos libraremos de estas tácticas estilo nazi.
¡Tú puedes marcar la diferencia! La senadora Maria Cantwell y el representante Adam Smith de Washington han iniciado legislación federal para subvertir las nuevas reglas que permiten que la Patrulla Fronteriza revise las computadoras portátiles, cámaras y celulares. El pueblo puede apoyar este esfuerzo por medio del enlace “Take Action” en www.aclu-wa.org.
Actualmente, el Comité para Eliminar los Retenes está planeando lanzar una campaña de peticiones para hacer que los gobiernos locales aprueben leyes que prohíban que la policía de la ciudad cuestione a la gente acerca de su condición migratoria. Estas leyes ya existen en ciudades como Nueva York, Washington, D.C., Chicago, Houston, Los Ángeles, San Francisco y Seattle.
¡No importa quién seas ni dónde estés, ya sea en una ciudad grande o en una zona rural, exprésate! Encontrarás otros que estés de acuerdo contigo y juntos podrán actuar.
Como lo expresó la miembro del comité Susan Dorazio, “El espíritu humano y el deseo de libertad y justicia siguen siendo fuertes. … Mostrando nuestra solidaridad con los trabajadores inmigrantes y enfrentándonos a las agencias que quieren que nuestra región se convierta en un estado policíaco, la gente está encontrando la energía y los recursos para pelear por sus propios derechos”.
Lois Danks es coordinadora del Comité para Eliminar los Retenes. Para participar o para recibir más información, contáctala a RWportang@yahoo .com o al 360-452-7534.
