Los trabajadores de los Estados Unidos están hartos de las condiciones de trabajo inciertas, losbajos salarios, las horas extras obligatorias, el cese de las prestaciones por desempleo relacionadas con la pandemia y la pérdida de las moratorias de desalojo. Hacen huelgas, pelean y exigen lo básico. En esta ola de militancia, los sindicatos esperan revertir el declive de décadas en la tasa de sindicalización al conseguir que el Congreso de los EE. UU. promulgue la Ley de Protección del Derecho de Sindicalización (PRO).
Si la ley se aprueba, se eliminarán los principales obstáculos que impiden que los trabajadores obtengan representación sindical. Sin embargo, lograr que el proyecto de ley llegue a su meta requerirá mucho más que pedir favores a los senadores y diputados que reciben apoyo de los trabajadores.
Legislación ambiciosa. La Ley PRO es amplia y aborda muchas de las regulaciones antisindicales que existen en la actualidad. Evitaría que el complejo industrial destructor de sindicatos intimide a los trabajadores para que no se organicen, que es lo que ocurrió con la campaña sindical de Amazon dirigida por trabajadores negros en Alabama. Actualmente, en más del 40% de todas las elecciones representativas, los empleadores están acusados de infringir la ley. Las insignificantes penas que reciben los jefes los alientan aun más a acosar y despedir a los empleados que intentan organizarse. La ley impondría una multa de $50.000 dólares por cada acción ilegal que una empresa utilice para interferir con el derecho a la sindicalización.
La ley también anularía las leyes estatales de “derecho al trabajo” que fueron establecidas en la década de 1940 por empresarios y políticos racistas en el sur (y sus aliados del norte) que estaban comprometidos con la segregación y a mantener bajos los salarios de los trabajadores negros para proteger sus ganancias. Hoy en día, existen 27 estados que impiden que los sindicatos les cobren la cuota de membresía a los trabajadores a los que representan pero que no son miembros. Estos trabajadores reciben todos los beneficios de un contrato negociado sin tener que pagar lo que es justo.
Otra disposición cierra las lagunas jurídicas en la legislación laboral que permiten a los empleadores clasificar a sus empleados como contratistas independientes para evitar pagar impuestos, otorgar protecciones y brindar prestaciones. El lenguaje adicional elimina la prohibición de los boicots secundarios. Dado que las corporaciones son globales y tienen múltiples divisiones, esto les permitiría a los trabajadores solidarizarse con los empleados de otras compañías. También prohibiría que los patrones reemplacen permanentemente a los trabajadores que participen en una huelga. Además, debido a que casi la mitad de los sindicatos recién formados no llegan a un acuerdo contractual, la Ley requiere la mediación y el arbitraje para garantizar un acuerdo de negociación colectiva.
Lo que se necesita para ganar. La Ley PRO fue aprobada en la Cámara de Diputados en marzo de 2021, pero los demócratas del Senado quieren el apoyo de 50 miembros para lograr la aprobación del proyecto de ley. Actualmente hay 49 miembros que apoyan su aprobación, con un demócrata que se resiste. Aunque los líderes sindicales les han advertido a los demócratas del Senado que necesitan aprobar la ley, se necesitará más que convencer a los cabilderos (lobbyists) del Capitolio para convertir el proyecto de ley en ley.
La historia muestra que incluso cuando hay una mayoría demócrata sustancial en ambas cámaras, los trabajadores no han logrado obtener concesiones significativas del Congreso. Además, la Ley PRO probablemente será sometida al obstruccionismo en el Senado, lo cual acabaría con el proyecto de ley. Los trabajadores necesitan estas reformas y no será suficiente que el proceso legislativo solo tenga una audiencia.
En lugar de confiar en que el Partido Demócrata y el presidente Biden paguen voluntariamente su deuda con los trabajadores, los líderes sindicales deberían ser parte de las luchas que libran sus miembros de base.
Los trabajadores ya han estado luchando contra los recortes y ataques de la era de la pandemia que afectan a todos los aspectos de sus vidas. El movimiento laboral también debe ampliar su agenda para incluir demandas para extender los beneficios por desempleo y las moratorias de desalojo. Las condiciones de trabajo seguras siguen siendo una batalla crucial, al igual que las prestaciones sanitarias y las pensiones pagadas por el empleador. Los programas de empleo masivos financiados por el gobierno federal también son una necesidad imperiosa. Los ataques al derecho al aborto, la necesidad de un cuidado infantil asequible y de calidad, la reforma migratoria y el control de la policía también son cuestiones que afectan a los trabajadores de todos los colores y géneros y deben abordarse.
Estos problemas afectan a todos los trabajadores. Si el movimiento laboral usara sus recursos para luchar por las necesidades de los trabajadores, sería muy útil tanto para convencer a los trabajadores de que se sindicalicen como para ayudar a aprobar la Ley PRO para que puedan formar parte de un sindicato.
La campaña “Reconstruir mejor los sindicatos: aprobar la ley PRO” de la AFL-CIO afirma que los sindicatos “ayudan a promover la justicia racial y erradican todo tipo de discriminación” y son la “mejor herramienta para cerrar las brechas salariales por raza y género”. Continúa diciendo que “la ventaja sindical es mayor para los trabajadores negros, latinos, mujeres, inmigrantes, LGBTQ + y otros trabajadores que han sufrido de discriminación en el trabajo”. Reconocer la estratificación de la clase trabajadora es una forma de ser inclusivo y de fortalecer el movimiento laboral.
Las lecciones de la historia. Las rebeliones generalizadas de hoy se remontan a las titánicas batallas durante la Gran Depresión, las cuales demostraron que las victorias y las protecciones legales para los trabajadores se ganan en las calles. Franklin D. Roosevelt se vio obligado a crear el Nuevo Trato en 1933 en respuesta a la militancia de los trabajadores. En 1934, los trabajadores organizaron huelgas generales en San Francisco, Toledo y Minneapolis y de esas luchas surgió la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA, por sus siglas en inglés) en 1935. La NLRA protegía “los derechos de los trabajadores del sector privado … para mejorar sus salarios y condiciones laborales”. No obstante, como la mayoría de las leyes que ayudan a la mayoría, han sido reemplazadas por leyes favorables a los empleadores.
Además, la Ley de Derechos Electorales de 1964 fue firmada por un demócrata de Texas debido al movimiento masivo de Derechos Civiles. En 1973, la Corte Suprema dictaminó que el aborto era un derecho constitucional debido a la presión del movimiento feminista.
El movimiento laboral puede aprovechar un orgulloso legado de resistencia y levantamientos en su impulso por reformar las actuales leyes laborales retrógradas. Si los sindicatos construyen una lucha coordinada tanto en pro de la Ley PRO como de las necesidades de todos los trabajadores, pueden convertir las aspiraciones de los no organizados en una realidad.
65% del público de los EE.UU. apoya los sindicatos
12% de los trabajadores de EE.UU. pertenece a un sindicato
48% de los trabajadores no sindicalizados se unirían a un sindicato si tuvieran la oportunidad.
