Este texto está basado en el supuesto de que la Procuraduría General de la República (PGR) ha dado información verídica en relación con un hecho: los normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados. En todo lo demás el Gobierno da información a medias, oculta o miente con el fin de construir una versión en la que ningún funcionario (con excepción del ex-presidente municipal de Iguala) tendría mayor responsabilidad en la matanza, porque los narcos de la banda Guerreros Unidos confundieron a los estudiantes con miembros de una pandilla rival. Esta mentira ya está siendo difundida dócilmente fuera de México por el diario madrileño El País.
La matanza de Iguala es un crimen político, el mayor en décadas en el país, y en éste tienen una fuerte responsabilidad funcionarios de los gobiernos federal y de Guerrero, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Morena (Movimiento Regeneración Nacional), el Ejército y empresarios.
Crimen ordenado desde las altas cúpulas del Estado. A la versión de que la carnicería se debió a una confusión carece de asidero. Desde el primer momento José Luis Abarca supo que los jóvenes eran de Ayotzinapa. Desde el primer minuto la policía municipal, al saber que eran normalistas, los agredió letalmente y mató a seis. Los militares a los que acudieron en ayuda los estudiantes no capturados, antes de la gran matanza de 43, se rehusaron a apoyarlos por ser normalistas. Existen también numerosos testimonios de la actuación en estas horas de la Policía Federal, según información recogida por la reportera Anabel Hernández (Proceso 1983, pp 20 y 21) y corroborada una semana después en el mismo medio por Marcela Turati.
Si no hubo confusión y en todo momento los sicarios y sus jefes narcos supieron que iban a asesinar a estudiantes, ¿quién o quiénes ordenaron matarlos?
¿Qué autoridad o autoridades tienen la facultad de ordenar asesinatos extrajudiciales? Desde luego, ninguna autoridad la tiene según los ordenamientos legales. Pero el hecho es que los asesinatos por razones políticas por autoridades existen y en Iguala simplemente este método de gobierno llegó a un nivel mayúsculo y diabólico.
Seguramente en la toma de la decisión de exterminar a los jóvenes participaron los gobiernos federal, estatal y el Ejército. Es decir, algún alto funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto (si no es que éste mismo); el ex-gobernador Ángel Aguirre junto con gente de su entorno; y algún alto mando del Ejército. Un crimen político y de Estado de tales dimensiones no pudo ser decidido por autoridades menores, sin que esto le reste responsabilidad al sicópata Abarca.
Es correcto entonces demandar la salida del Presidente y de su procurador e investigar quién (o quiénes) de los hombres de Peña Nieto (EPN) decidieron la carnicería. Lo mismo debe hacerse con Ángel Aguirre y al menos su secretario de seguridad y su procurador. Deben ser arraigados y encarcelados como fuertes sospechosos de ser co-autores intelectuales del crimen. También los jefes del Batallón referido y el jefe de la Policía federal deben ser arraigados e investigados. Llegados aquí, resta preguntar, ¿por qué este mayúsculo crimen de Estado? qué motivó esta enorme represión? ¿qué pretendía el Estado con esta acción terrorista?, ¿qué hechos alentaron a nuestros gobernantes a decidir una represión de tal envergadura?
Contener el ambiente pre-insurreccional. Desde hace 20 años no cesan las insurrecciones en una región de México, la formada por los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Estas cuatro entidades federativas constituyen una unidad en la que predominan la pobreza y miseria, la población indígena brutalmente explotada y oprimida y una sostenida e indomable resistencia popular crecientemente radicalizada. En 1994 fue el EZLN (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional) y en 2006 Oaxaca. A fines de 2012 reapareció de manera espectacular el EZLN con cuatro enormes marchas. En 2013 hubo un auge de las policías comunitarias en Guerrero acompañado de fuertes luchas magisteriales en este estado, luego en Oaxaca y en la mitad del país. Los primeros meses de 2014 tocó el turno a Michoacán con miles de personas organizadas y armadas en autodefensas. El Congreso del Partido Obrero Socialista (POS) de junio de 2013 caracterizó una situación pre-insurreccional en estos estados:
“Se vive un nuevo auge del movimiento indígena y campesino. Dentro de este sector social se está incubando una nueva insurrección, mucho más profunda y extendida a la de 1994 con el EZLN. No decimos que ya va estallar, sólo que viene madurando.
“Este movimiento surge como una respuesta a dos de las expresiones más rapaces de la burguesía y el capital: la que viene a destruir comunidades para implantar en ellas empresas mineras y plantas eólicas que explotan brutalmente a los pocos trabajadores a los que les dan empleo y que devastan bárbaramente los recursos naturales. Algunas comunidades también se organizan en contra del crimen organizado. Este proceso de movilización y organización tomó su más acabada expresión en las policías comunitarias.”
Los gobiernos respondieron con represión en Oaxaca 2006 (más de 30 muertos); con más de 300 encarcelamientos en Michoacán, empezando por el Dr. José Manuel Mireles; en Guerrero, fueron enviados a la cárcel 13 policías comunitarios (entre los cuales está Nestora Salgado) y cuatro dirigentes del Consejo de pueblos que se opone a la construcción de la presa La Parota. En este estado las autoridades estatales con la anuencia de las federales echaron mano de un método al que apenas habían recurrido antes: el asesinato político. Su estudio nos dará las claves del multihomicidio en Iguala.
La represión política sangrienta en Guerrero. El gobernador Ángel Aguirre (postulado por el PRD, Andrés Manuel López Obrador o AMLO, Convergencia, el Partido de los Trabajadores y el Partido Acción Nacional), recurrió cada vez más al asesinato como práctica regular para liquidar y contener los movimientos sociales. En la escala y sistematicidad con que lo hizo fue una novedad en el país.
En otras partes de México fueron miles los asesinados pero en rigor estricto no fueron crímenes políticos. En la revista Pluma 26 existe un rápido recuento del récord del guerrerense.
Acompañó a lo anterior otro fenómeno: la impunidad. Las policías guerrerense y la federal asesinaron a dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2012 y Aguirre salió indemne. Lo mismo pasó con los siguientes crímenes políticos: aparecían en la prensa, era vox populi que los habían ordenado gobernantes y habían algunas reacciones y protestas. Pero después reinaba la impunidad.
No sólo ello: puede concluirse que el método Aguirre fue visto con simpatía en las altas esferas empresariales. Carlos Slim, en julio de 2013, meses después del asesinato de los dos normalistas de Ayotzinapa, se fotografió sonriente, pública y profusamente con el gobernador.
También anunció cuantiosas inversiones en ese estado. Fueron mensajes claros que alentaron a continuar con la mano dura y ensangrentada. La prueba de que matar opositores era posible y no entrañaba mayores costos ocurrió también en Iguala, pero en junio de 2013.
El presidente municipal de ese municipio, José Luis Abarca, asesinó a tres perredistas, uno de ellos dirigente nacional de ese partido. Abarca recibió el apoyo público de Aguirre y de Jesús Zambrano.
Podemos asegurar que también el apoyo tácito de AMLO y su gente en Guerrero, pues Abarca fue introducido al PRD por el principal seguidor de López Obrador en ese estado, con el que siempre mantuvo relaciones estrechas. La PGR y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), que conocieron del abominable crimen, fueron omisas y cómplices.
El gobierno de Aguirre, entonces, recibió también el apoyo de López Obrador y su nuevo partido. Morena se incorporó al gabinete de este gobernador, es decir, recibió su cuota de poder. Fue parte de ese gobierno al recibir la secretaría de salud para Lázaro Monzón, uno de los suyos.
La incorporación de Morena al gabinete de Guerrero incrementó la sensación de impunidad de Aguirre. El gobernador se sentía políticamente blindado: mantuvo excelentes relaciones con EPN, que lo visitaba a cada rato; y todos los partidos lo apoyaban.
Aguirre sintió que podía dar un paso represivo más. Y lo dio el 26 de septiembre.
La profunda y amplia reacción popular no fue prevista. Los gobernantes federales y estatales miran con preocupación la región Guerrero-Michoacán-Oaxaca-Chiapas.
En perspectiva, temen un nuevo alzamiento campesino-indígena-popular en alguno de estos estados. O en dos. O simultáneo, en todos, que dejaría a Chiapas 1994 sólo como un ensayo.
Suponen que atrás de los estudiantes normalistas está una de las guerrillas más radicales. Los desvela la posibilidad de masas organizadas, de decenas de miles de policías comunitarios y de cientos de cuadros con formación guerrillera. Tenían en la mira, como uno de sus blancos predilectos, a los ayotzinapos.
Esperaban el momento oportuno de escarmentarlos. Creyeron que su oportunidad había llegado el 26 de septiembre. Y ordenaron la matanza. Pero el cálculo falló. Esta vez la indignación y la protesta inundan la Nación.
La furia y la protesta tienden a generalizarse, a llenar el país y a extenderse más allá de las fronteras. Esto es lo nuevo y lo que ha hecho tropezar a Aguirre, a la casta política toda y que se enfila también contra el gobierno federal.
La sociedad está despertando. Lo hace a costa de un sacrificio enorme, de cerca de 50 vidas inocentes y tronchadas en la primera juventud. Los gobiernos de EPN y de Guerrero no se repondrán después de Ayotzinapa.
Cuauhtémoc Ruíz del Partido Obrero Socialista (pos.org.mx/) es editor de la revista del partido Pluma, cuya edición de invierno de 2014 contiene este artículo en español.
A medida que la insurrección indígena y campesina se desarrolla en México, participan también sindicatos, aunque la ausencia de los trabajadores industriales es notable. Sin embargo, los sindicatos de maestros militantes frecuentemente están a la vanguardia. Son los mejores aliados de los padres de familia de los estudiantes de Ayotzinapa. La alianza de trabajadores y campesinos se está fraguando. — Cuauhtémoc Ruíz
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Raíces de la explosión en Ferguson — y el siguiente paso para el movimiento
Frenar la violencia policial a través del control comunitario
