En diciembre, miles salieron a las calles de Perú en manifestaciones masivas, huelgas generales y bloqueos de carreteras. Inicialmente, los manifestantes se pronunciaron contra el arresto del presidente populista Pedro Castillo y ampliaron sus demandas para incluir nuevas elecciones, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte (anteriormente vicepresidenta de Castillo) y la convocatoria de una asamblea constituyente para modificar la constitución de 1993.
Las manifestaciones comenzaron en las regiones del sur de Perú, en gran parte pobladas por indígenas y campesinos pobres. Los manifestantes cerraron aeropuertos, detuvieron el turismo y paralizaron la economía. Grupos como el Comité Unitario de Lucha del Departamento de Puno, militantes de la provincia Sur de Perú, organizaron manifestaciones con estudiantes y sindicalistas en Lima y otras ciudades importantes.
Como era de esperarse, el estado respondió con disparos y derramamiento de sangre. Durante los tres meses que duró el levantamiento, las fuerzas de seguridad asesinaron a más de sesenta manifestantes, el 80% de los cuales eran peruanos indígenas.
A partir de principios de mayo, las manifestaciones han disminuido en gran medida, pero el fervor de la revuelta continúa ardiendo al igual que el llamado a un cambio fundamental.
Auge y caída de Pedro Castillo. Los peruanos tenían grandes esperanzas cuando Castillo derrotó a la candidata del establishment, Keiko Fujimori en 2021. Los humildes orígenes de Castillo como maestro de escuela del norte rural conmovieron a aquellos que se sentían abandonados por la millonaria élite política de Lima. Castillo, exlíder huel-guista y autoproclamado marxista, prometió reformas muy necesarias para el país, incluida una nueva constitución.
Sin embargo, Castillo resultó ser pura palabrería y nada de acción. Apaciguó a la oposición de derecha en el Congreso en lugar de desafiarla y dejó en claro que no tenía ninguna intención de perturbar a las grandes empresas. El breve tiempo de Castillo en el puesto fue un desastre pues estuvo repleto de acusaciones de corrupción, múltiples intentos de juicio político y protestas populares contra su liderazgo. Su administración no tenía un plan para abordar las múltiples crisis que enfrenta Perú y ni él ni su partido tenían un programa para que la clase trabajadora se enfrentara a la burguesía. Su presidencia estuvo condenada desde el principio.
El último intento de Castillo de disolver el Congreso y convocar una asamblea constituyente fue un acto de desesperación. Abandonado por su partido y los militares, Pedro Castillo fue arrestado cuando intentaba huir a México.
Problemas constitucionales. El debate en torno a la constitución de Perú comienza con Alberto Fujimori, un populista de derecha de ascendencia japonesa que llegó al poder en 1990. Su campaña “Cambio 90” afirmaba apoyar a los trabajadores, pero abandonó su plataforma inmediatamente una vez que fue elegido e instituyó un tratamiento de choque neoliberal para la economía peruana. Esto puso a Perú en el mapa de las historias de éxito capitalista, pero el costo para los trabajadores fue enorme. Los opositores a Fujimori fueron torturados o asesinados e innumerables mujeres fueron esterilizadas obligatoriamente bajo su régimen.
En 1992, Fujimori dio un exitoso golpe de estado y disolvió el Congreso para consolidar su poder. Aunque los pretextos para el golpe eran totalmente falsos, tenía un fuerte respaldo militar y el “Fujigolpe” sería más tarde codificado en la Constitución de 1993. Las enmiendas permitieron a Fujimori crear leyes por decreto y se creó una legislatura unicameral, la cual aún está dominada por las élites políticas.
La cuestión de una asamblea constituyente. Hoy, casi el 70% de los peruanos demanda la revisión de la constitución de 1993. Esta abrumadora mayoría es tanto un voto de desconfianza en el gobierno de Perú como un respaldo a la demanda misma. Pero, ¿una convención constitucional realmente alteraría la estructura de poder?
Históricamente, las asambleas constituyentes han sido instituciones multiclasistas, lo que significa que están compuestas tanto por organizaciones burguesas como obreras. En algunas situaciones, pueden ser un medio para ganar, o al menos luchar por ciertas libertades, por ejemplo, bajo una dictadura militar o en un país que aún no ha tenido una revolución democrática burguesa, como la de la Rusia zarista en 1917. Sin embargo, en circunstancias en las que la gente se está levantando hoy día, el llamado a una asamblea constituyente es muy probablemente un camino hacia un reformismo inútil.
Los revolucionarios rusos Lenin y Trotsky insistían en que las asambleas constituyentes tienen la autoridad para actuar en nombre de los trabajadores y para que sean dirigidas por ellos. Ganar “un asiento en la mesa” con la clase dominante no era el objetivo. Más bien, las asambleas brindaban la oportunidad de llevar a cabo la lucha de clases hacia la revolución. Las asambleas constituyentes tampoco eran sustitutos de los consejos obreros independientes o soviets. De hecho, aunque los bolcheviques apoyaban a la asamblea constituyente hasta cierto punto durante el curso de la revolución de ocho meses, su enfoque principal era la organización incansable en los soviets, los cuales tarde o temprano se harían con el poder.
América Latina ha visto una buena cantidad de convocatorias para asambleas constituyentes. En dos casos, los presidentes Evo Morales y Hugo Chávez apoyaron, cada uno por su parte, la nacionalización de la industria bajo el control de los trabajadores a través de asambleas constituyentes, pero desaprovecharon la oportunidad. Por lo contrario, se reconciliaron de manera oportunista con los capitalistas bolivianos y venezolanos al permitirles mantener el poder sobre el gobierno y la economía.
Sin duda los peruanos merecen un gobierno que los represente a ellos en lugar de a la élite millonaria. Muchos izquierdistas afirman vehementemente que una asamblea constituyente restaurará la democracia en Perú; al contrario, será una forma de salvación de la decadente burguesía. Como lo atestigua el propio gobierno inepto de Castillo, los partidos de izquierda establecidos de Perú no están dispuestos a desafiar a los capitalistas en el Congreso. Además, incluso aunque se celebre una asamblea constituyente, no hay garantía de que se adopte una nueva constitución, como lo demuestra el doloroso intento fallido de Chile en 2022 de reemplazar el documento que fue codificado durante la dictadura de Pinochet.
Qué camino seguir. Al final, el poder no es lo que está escrito en una página. Más bien, reside en los trabajadores, campesinos e indígenas peruanos que continúan desafiando a la clase dominante.
Lo que se necesita es que estos grupos diversos se unan y formen organizaciones independientes para desafiar a Boluarte, el Congreso y las fuerzas imperialistas. Un frente unido de este tipo podría formar la base de un movimiento revolucionario que por fin les confiera el control a los oprimidos y a la clase trabajadora del Perú.
