Al presentar su propuesta de inmigración el 7 de enero, George W. Bush intentaba cometer un fraude: lo anunció como una ayuda a los trabajadores inmigrantes, cuando en realidad es un regalo para los patrones que los explotan. Siendo una actualización del vergonzoso programa del bracero creado durante la Segunda Guerra Mundial, la propuesta formalizaría el acceso de las grandes empresas a un abastecimiento de trabajadores mal pagados y vulnerables.
Siempre y cuando las corporaciones dependan del trabajo de los inmigrantes, deberán poder controlarlo. El plan de Bush satisface esa necesidad y, como complemento de su propuesta, él declara que tomará medidas más enérgicas contra la inmigración ilegal.
Él describe el plan como un componente de la guerra contra el terrorismo, pero es más bien la guerra contra el trabajador. Los inmigrantes mantienen vigorosa la economía de EE.UU. y logran otras cosas más. Su combatividad también está manteniendo en vigor al movimiento laboral de los EE.UU. Un alto 14 por ciento de todos los trabajadores de EE.UU. son nacidos en otros países, y muchos de estos trabajadores traen con ellos una profunda conciencia de clase.
Justamente, un ejemplo es Los Ángeles, donde el influjo de inmigrantes ha convertido a una ciudad notoriamente anti-laboral en un terreno fértil para la organización de la clase trabajadora. Otro ejemplo es el Paseo por la Libertad de los Trabajadores Inmigrantes (Immigrant Workers Freedom Ride) del año pasado, organizado por el AFL-CIO en un notable desvío de la frecuente tradición anti-inmigrante de dicha organización.
Por lo tanto, el ardid de Bush no es sólo una estratagema de este año electoral sino una respuesta seria a la situación política que, según la interpretación de los patrones, amenaza con desbordarse.
Consolidación de la condición de segunda clase. Bush estaría dispuesto a hacer de su gobierno la alcahueta entre los empleadores que quieren mano de obra barata y los trabajadores de otras naciones que necesitan empleos desesperadamente.
La gente del programa podría trabajar legalmente sin tarjeta verde (la cual confiere la condición de residencia permanente) durante tres años, con posibles extensiones. Entre las personas elegibles estaría incluido el número estimado de 8 a 14 millones de trabajadores indocumentados que ya están en EE.UU., principalmente de América Latina, siendo de México más de la mitad. Pero los futuros inmigrantes “ilegales” estarían excluidos.
A pesar de los disparates de Bush en referencia a “la compasión” y “la justicia”, su plan es siniestro.
• Bush declaró claramente que los trabajadores que participen no recibirán automáticamente la oportunidad de obtener la condición legal permanente. Lo mismo afirmó un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) quien declaró ante un subcomité del Senado que el programa “no conlleva la residencia permanente ni la ciudadanía”.
• Los únicos empleos disponibles serían aquéllos que los empleadores puedan demostrar que no los pueden desempeñar trabajadores de EE.UU. De esta forma, los jornaleros temporales estarían atrapados, sin escapatoria, en los peores empleos posibles — los peores pagados y los más arduos.
• Los trabajadores estarían a merced de sus patrones. Los que pierdan su empleo serían deportados, sin importar cuánto tiempo hayan estado en el país ni qué arraigados estén. ¿Quién se sentiría libre de alzar su voz acerca de las condiciones laborales a ese costo?
• Los trabajadores huéspedes tendrían que pasar por una verificación de seguridad y se les expediría tarjetas codificadas con identificadores biométricos, tal como el reconocimiento facial basado en medidas minuciosas.
En esencia, la propuesta de Bush pone en vigor el programa de braceros del siglo pasado, a la vez que añade algunos nuevos detalles propios de un estado policiaco.
Los braceros de antaño y su lucha hoy en día. Durante la época de enorme desempleo de la Gran Depresión, casi medio millón de inmigrantes mexicanos, algunos de ellos ciudadanos naturalizados, fueron expulsados de EE.UU. Sin embargo, algunos años más tarde, la Segunda Guerra Mundial creo una enorme escasez de trabajadores, la cual fue aún más grave en el campo debido al internamiento de los trabajadores agrícolas japonés-americanos.
El Presidente Franklin Delano Roosevelt del Partido Demócrata fundó el programa de braceros (“brazos de ayuda”) en 1942. Hasta que se terminó a finales de 1964, se expidieron alrededor de 4.5 millones de contratos a corto plazo a mexicanos dispuestos a hacer crecer los cultivos y a hacer correr los ferrocarriles de EE.UU. Los mal remunerados braceros no tenían derechos y sufrían de abominables condiciones, de trato cruel, y de ser los chivos expiatorios de la política.
Los contratos de los braceros estipulaban que el 10 por ciento de su salario sería retenido, transferido a cuentas de ahorro y de jubilación administradas por el Gobierno mexicano, y que les serían pagadas después de que regresaran a su país.
Bush sugiere algo parecido en su plan. ¡Pero que se cuide el nuevo bracero! La mayoría de los antiguos braceros nunca recibieron su sueldo deferido — y el destino de ese dinero es un secreto bien guardado.
En 1999, braceros activistas iniciaron una campaña exigiendo el pago por parte del Gobierno mexicano. Decenas de miles de braceros se unieron a la campaña en cuestión de meses. En febrero de 2004, alrededor de 2,000 personas salieron en las noticias al entrar forzadamente y ocupar el rancho familiar del presidente mexicano Vicente Fox para exigir que se tomaran cartas en el asunto.
La cuestión de la inmigración les cuesta tantas noches de insomnio a los funcionarios y patrones mexicanos como a sus colegas de EE.UU. El dinero que mandan los trabajadores desde EE.UU. es la segunda fuente externa de ingresos más alta de México. Además, la seriamente dañada economía mexicana, con su alto nivel de desempleo, se vería todavía más afectada sin la válvula de escape de la migración hacia los EE.UU.
Dicha válvula de escape es necesaria, por supuesto, debido a los perjuicios económicos causados por EE.UU. (Véase el artículo en la página 3 para una discusión acerca de los efectos de TLC).
Solidaridad: el desafío para los trabajadores de EE.UU. Los capitalistas de EE.UU. dependen de los inmigrantes como una fuente de mano de obra barata, lo cual hace que disminuya el nivel de vida de todos los trabajadores. Políticamente hablando, practican un juego racista de “divide y vencerás” y alientan a los trabajadores de EE.UU. a ver a los trabajadores nacidos en el extranjero como “los otros” y como inferiores, y a culparlos por las cosas negativas del sistema tales como el desempleo.
Sin embargo, el capital no reconoce fronteras, y éstas no se deberían cerrar a los trabajadores que tienen que luchar por sobrevivir. Además, si los trabajadores estadounidenses aceptan el abuso extremo de los inmigrantes el día de hoy, será mañana cuando sus sueldos y su seguro médico sufran las consecuencias. Los problemas de los trabajadores son mundiales, y el culpar a los inmigrantes o el rechazarlos no resuelve nada. Ya es hora de que el movimiento laboral de EE.UU. se coordine con los trabajadores a nivel internacional para el beneficio de todos.
De hecho, la propuesta de Bush equivale a crear oficialmente en los EE.UU. “zonas de libre empresa”, las cuales crean una inmensa miseria en el extranjero. A todos los trabajadores les conviene derrotar este plan, y exigir derechos igualitarios, salarios y prestaciones decentes, y protección legal integral para todos los inmigrantes, ya sean documentados o no. Los inmigrantes y los trabajadores nacidos en este país se levantarán o caerán juntos.
