Los trabajadores de Nicaragua confiaban en que el régimen autoritario, a cargo de Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo, no se atrevería a tocar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), pero se equivocó. Y cuando el gobierno decretó un incremento en las cuotas y una reducción de los beneficios, estaba la mesa servida para la eventual eliminación de esta importante conquista obrera. El 19 de abril explotó la rebelión de las masas obreras y estudiantiles para defender al INSS, luego de que el gobierno anunció sus odiadas medidas.
Los jóvenes decidieron acompañar a sus padres y abuelos en la primera ola de protestas, ya que también sufren los efectos de la política económica y social aplicada por la camarilla de burócratas que encabeza el régimen de Ortega. La prioridad del gobierno a sido salvaguardar las ganancias de la burguesía nicaragüense y las grandes inversiones extranjeras en detrimento de la gran mayoría del pueblo.
Nicaragua es un país pobre con una población muy joven. El 70 por ciento tiene menos de 30 años de edad. La tasa de desempleo entre los jóvenes es de 60 por ciento, y el 14 por ciento no tiene ningún nivel de educación escolar. La migración juvenil del campo a la ciudad es imparable y miles y miles de jóvenes emigran al exterior, sobre todo a Costa Rica y Estados Unidos.
Al proponer recortes al INSS, el régimen de Ortega estaba obedeciendo una directriz del Fondo Monetario Internacional de que el gobierno encontrara una nueva fuente de ingresos para pagar las deudas con la banca internacional y así mejorar el entorno para la inversión extranjera. Esta demanda contó con el firme respaldo de la alianza empresarial de Nicaragua, COSEP. Luego de presionar por recortes incluso mayores, esta alianza apoyó en abril el anuncio de reformas al INSS y denunció la primera ola de protestas. La burguesía temía que las protestas alteraran la actividad económica y afectaran al sector turístico. Al mismo tiempo, la vicepresidente Rosario Murillo salió a atacar en cadena nacional a los manifestantes como “agitadores” al servicio de una débil y deslegitimada oposición política anti-sandinista, mientras la cúpula de las iglesias –tanto católica como protestantes– guardó silencio.
Cuando las movilizaciones se convirtieron en acciones permanentes de las masas en las universidades, escuelas públicas, barrios y comunidades, con capacidad de resistir la represión organizadamente, el régimen de Ortega lanzó una criminal represión policial, militar y paramilitar. El resultado fue el asesinato de decenas de manifestantes y la desaparición, encarcelamiento y persecución de muchos más. Al mismo tiempo, el repudio contra el gobierno sandinista se generalizó. La situación obligó a la burguesía, las iglesias y sectores de la intelectualidad conservadora a intervenir para controlar la crisis.
Presionaron a Ortega y este retiró las medidas contra el INSS al tiempo que planteó un “diálogo” a cargo de la Iglesia Católica y compuesto por representantes del empresariado y del gobierno, pero sin la participación de los estudiantes. Estas “negociaciones de paz” contaron con el apoyo explícito de la Organización de Estados Americanos y la presidencia imperialista de Donald Trump en Washington, D.C.
Muchos activistas e importantes sectores estudiantiles y populares se niegan a caer en la trampa del “diálogo”. Exigen que Daniel Ortega renuncie, diciendo que no hay forma de justificar lo que ha hecho el presidente Ortega, la vicepresidente Murillo y su camarilla de burócratas y secuaces a nombre de la “revolución sandinista”.
Desde el CRIR anunciamos nuestro respaldo a las luchas y nos sumamos a los reclamos de los jóvenes y trabajadores de Nicaragua para que los asesinos sean enjuiciados, incluyendo al presidente y su camarilla.
Denunciamos las “negociaciones de paz” y el llamado al diálogo auspiciado por la Iglesia Católica como una trampa política cuyo único propósito es desmantelar las protestas y estabilizar el régimen autoritario de Ortega.
También exigimos:
- Alto a todas las formas de persecución, la presentación con vida de todos los desaparecidos y la libertad de todos los manifestantes presos.
- Castigo a todos los militares, policías y funcionarios que ordenaron abrir fuego contra los manifestantes.
- Cárcel a todos los responsables de la malversación de fondos del INSS y el regreso de todo ese dinero.
- Compensación a las familias de los manifestantes asesinados por la policía y el ejército.
- Alto a la represión estatal y la persecución de civiles inocentes que ejercieron su derecho a la protesta y manifestación contra el gobierno.
Comité por el Reagrupamiento Internacional Revolucionario
Comité de Enlace, Convergencia Socialista-La Verdad y Reagrupamiento hacia el PST (Argentina)
Freedom Socialist Party (Estados Unidos y Australia)
Partido Obrero Socialista (México)
