Cuando la líder indígena Nestora Salgado, residente del estado de Washington y ciudadana naturalizada de EEUU, viajó al sur de la frontera de EEUU y México el año pasado, no esperaba acabar como prisionera política. El propósito de sus primeros viajes a su pueblo natal de Olinalá, Guerrero, fue llevar ayuda a los desesperadamente pobres residentes. Pero encontró al pueblo dominado por pandillas criminales y por traficantes de drogas, los cuales aterrorizan y asesinan a la población, violan a las niñas y difunden la prostitución y la adición a las drogas.
Cuando denunció la colusión entre los funcionarios mexicanos y estos rufianes, se encontró en la prisión, con falsos cargos de secuestro.
En octubre de 2012, ayudó a organizar una fuerza policiaca comunitaria después de que un taxista, quien se rehusó a pagarle el dinero para su protección a una pandilla local, fue asesinado. La policía local es legal en el caso de los indígenas bajo la Constitución mexicana y bajo la ley estatal de Guerrero. En primavera de 2013, fue elegida para servir como coordinadora de dicha fuerza. Bajo su vigilancia, el crimen disminuyó un 90 por ciento y no hubo asesinatos. Como feminista trabajó para empoderar a las mujeres contra la violencia y el maltrato intrafamiliares.
Las autoridades locales se pusieron furiosas cuando Salgado se rehusó a dejar libres a sospechosos con nexos políticos, incluyendo al alguacil de la población, sin previo juicio. El 21 de agosto de 2013, durante una oleada de arrestos, la detuvieron tropas federales y la encarcelaron en una prisión de máxima seguridad a cientos de kilómetros de su familia y sus simpatizantes. Le negaron el acceso a abogados y los medicamentos y el ejercicio que necesita para la neuropatía de sus manos y pies. Ha sido víctima de un asedio constante.
Lucha multinacional para liberar a Nestora. La familia de Salgado ha estado divulgando el caso y trabajando duro por su libertad. Dada la naturaleza política de los cargos contra ella, será necesaria la presión pública internacional para lograr su liberación y la de sus camaradas encarcelados.
Cuando el Partido de Libertad Socialista (FSP) se enteró de la desgracia de Salgado, ayudó a establecer comités de defensa ad hoc. Los comités organizaron piquetes el 10 de diciembre de 2013, el Día Internacional de los Derechos Humanos, en consulados mexicanos en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Seattle y Portland, Oregón. Entregaron cartas al presidente Enrique Peña Nieto exigiendo su liberación.
Más protestas fueron organizadas en México, la República Dominicana y Costa Rica por el Comité por la Reagrupación Internacional Revolucionara (CRIR). El FSP de Australia habló del caso en una conferencia el Día de los Derechos Humanos.
A principios de diciembre, alrededor de 5,000 manifestantes se lanzaron a las calles de Chilpancingo, la capital de Guerrero, para protestar contra los arrestos de la policía comunitaria.
En los EEUU, simpatizantes se siguen agregando a las 115 organizaciones e individuos que han apoyado formalmente a la campaña y a los más de 6,200 signatarios de una petición para presionar al gobierno de EEUU para que exija su liberación. Se puede encontrar una lista de los simpatizantes formales y un enlace a la petición en www.socialism.com. El caso ha recibido una gran cantidad de atención de los medios, llegando a más de 150 agencias de noticias en los EEUU y México. Univisión, la estación de TV en español de EEUU, ha declarado que piensa producir un breve documental.
Los abogados de derechos humanos de Salgado con base en EEUU, Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza, presentaron peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU para que declaren el arresto de Salgado como una violación del derecho internacional. Su abogado defensor de México está intentando conseguir su liberación en el tribunal federal de ese país.
Fuerzas económicas detrás de los ataques. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México informó en diciembre acerca del creciente número de fuerzas policiacas indígenas. Con una gran preocupación para los funcionarios del gobierno y empresarios, están activos en 46 de 81 poblaciones de Guerrero, y en 11 de los 31 estados mexicanos. Los políticos quieren rechazar todas las leyes que autorizan los grupos de autodefensa pues socavan la autoridad estatal. Como era de esperarse, la comisión apoya el desprestigio de la policía indígena como ilegal. Sin embargo, se admite que su crecimiento se debe al fracaso del Gobierno para satisfacer las necesidades del pueblo. Siete de 10 guerrerenses viven en la pobreza, y la mitad de éstos en la extrema pobreza. Las amenazas y los asesinatos de activistas son comunes.
El informe cuestiona si el arresto de Salgado y su encarcelamiento en un lugar tan alejado de su familia fue políticamente motivado para impedir su libertad de expresión y asociación. Se supone que un informe adicional hablará de la manera como la tratan, ya que el gobernado de Guerrero inicialmente sancionó sus esfuerzos aportando suministros, vehículos y equipo.
El arresto de Salgado es parte de un esfuerzo para culpar a la policía comunitaria del incremento en la violencia y en la inestabilidad, a pesar del hecho de que han estado en servicio por décadas basados en modelos indígenas de justicia. Tres coordinadores más de Guerrero — Gonzalo Molina, Arturo Campos y Bernardino García — están en la cárcel por falsos cargos de secuestro y terrorismo. Por lo menos 10 funcionarios más de la policía comunitaria han sido arrestados.
Legiones de tropas y policía federales y estatales han ocupado Olinalá desde el arresto de Salgado para intimidar a la gente para que no proteste y para detener su trabajo de vigilancia.
Para justificar la represión, Salgado y los demás están acusados de “tomar la justicia en sus propias manos”. Pero la realidad es que desde que Salgado y la policía comunitaria fueron eliminados, ha habido cuatro homicidios y un incremento del 50 por ciento en el crimen en Olinalá.
La estrategia de culpar a la víctima y las acusaciones de estar “infiltrados por subversivos” tienen la intención de debilitar la oposición de los indígenas no sólo ante los carteles de drogas, sino también ante las operaciones mineras. Corporaciones canadienses cuentan con 26 concesiones para la extracción de oro y plata en 42 sitios de Guerrero. Muchos indígenas han aprendido con penurias que la extracción del preciado metal no mejora la pobreza y crea pocos empleos, contaminación masiva y un aumento en la pérdida de tierras comunales.
El Gobierno mexicano quiere silenciar y desarmar a la policía comunitaria antes de que se conviertan en un movimiento político contra los planes neoliberales de privatizar, no sólo el oro y la plata, sino la producción de petróleo, la energía eléctrica y la educación.
La lucha que trasciende las fronteras. Esta campaña proporciona una oportunidad única de construir un frente unido internacional para defender el derecho de los indígenas a la autodeterminación.
Nestora Salgado instruye acerca de lo que aprendió en los EEUU sobre la libertad de expresión y los derechos justos para las mujeres y la gente de color. De esa forma, desencadena el potencial para el liderazgo de los más oprimidos, sobre todo las mujeres indígenas. La determinación de Salgado y sus compañeros de batalla de arriesgarse a que los encarcelen, a sufrir e incluso a morir por la causa, incrementa la conciencia de clase en los EEUU y en todo el mundo.
Para ayudar o donar, contacta a Fred Hyde en fhyde@igc.org o al 206-854-9057.
